El presidente de Diputación, José Loaiza y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez han suscrito el convenio que regula la incorporación del municipio gaditano al Plan Provincial de Fomento de Empleo Local. Esta iniciativa se aplica en los 44 municipios de la provincia de Cádiz conforme a un presupuesto que supera los 14´5 millones de euros, financiado con el Fondo Social Europeo y recursos propios de Diputación. El IEDT asume la coordinación de este programa con la colaboración, en Cádiz, del Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento. Ignacio Romaní, en representación del IEDT y Bruno García, por parte del IFEF, asistieron a la firma del acuerdo.
En Cádiz se impartirán 8 acciones formativas, cuatro en el actual ejercicio y otras cuatro el próximo año, que suman un alumnado de 121 personas. Estos alumnos recibirán un semestre de formación especializada a razón de tres meses de conocimientos teóricos y otros tres de prácticas en empresas seleccionadas por el Ayuntamiento. Durante todo este aprendizaje perciben una beca de 400 euros al mes.
(José Loaiza y Teófila Martínez acuerdan la incorporación de Cádiz al plan de empleo. Foto de Carmen Romero)
Las disciplinas que se impartirán este año son las siguientes: Operaciones básicas de restaurante y bar; Operaciones auxiliares de almacén; Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas; y Traslado y movilización de usuarios y pacientes, documentación y materiales en centros sanitarios. En 2014 los cursos versarán sobre: Operaciones básicas de restaurante y bar; Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción; Operaciones básicas de pastelería; Operaciones básicas de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Al margen de este alumnado, que seleccionará el Ayuntamiento de Cádiz conforme a las bases que publique a tal fin, el Plan de Empleo de Diputación prevé mejorar el nivel de integración laboral de un millar de desempleados de la ciudad. Estas personas son las destinatarias del trabajo que desarrollará el equipo técnico contratado para la gestión del programa en Cádiz. Esta unidad profesional estará conformada por 2 técnicos de gestión, cuatro agentes de empleo más de los ocho formadores que impartirán los cursos.
José Loaiza y Teófila Martínez han coincidido al reconocer que medidas de este tipo suplen la “inacción de la Junta de Andalucía” en relación a las políticas activas de empleo. Lamentan los retrasos acumulados en la ejecución de escuelas taller así como la actual transferencia de competencias –de Empleo a Educación- que está entorpeciendo el desarrollo de estos programas. Ambos representantes públicos valoran la recuperación de los agentes de empleo, al amparo del plan de Diputación, que palia en parte la pérdida del programa de la Junta que financiaba la contratación de los Alpes: sólo en Cádiz, según ha referido la alcaldesa, se han perdido 27 Alpes en el seno del IFEF.
(Loaiza precisa el alcance del plan de empleo en Cádiz. Foto de Carmen Romero)
El Plan de Empleo en Cádiz se administrará con un presupuesto de 761.444´37 euros. Los colectivos con mayores dificultades de integración laboral son los destinatarios directos de esta iniciativa: al menos un 60 por ciento del alumnado tiene que estar compuesto por mujeres y, en la selección de los participantes, se primará la incorporación de mayores de 45 años, menos de 30 y desempleados de larga duración. Las personas en riesgo de exclusión social también son especialmente consideradas en los criterios de selección.
En el conjunto de la provincia se impartirán 122 acciones formativas con un alumnado total de 1.743 personas. Al margen de la formación mediante cursos, el plan de empleo de Diputación pretende mejorar las condiciones de acceso al mercado de trabajo de casi 13.000 personas de los 44 municipios de la provincia de Cádiz.
Otros asuntos planteados en la rueda de prensa:
La deuda de la Junta con Diputación supera los 9 millones
La Junta de Andalucía adeuda a Diputación 9´2 millones de euros. La mayoría de este importe –casi 6´3 millones- corresponde a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, básicamente por impagos de los fondos que financian la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Al respecto José Loaiza considera que esta anomalía justifica la entrada en vigor de una ley que racionalice las competencias de las administraciones públicas, “una necesidad” a juicio del presidente de Diputación.
“No se puede hablar de políticas sociales –manifestaba Loaiza en relación al gobierno autonómico- para que luego la hagan las Diputaciones y los Ayuntamientos”. El presidente de Diputación ha explicado que esta demora en los pagos es clásica, si bien en las actuales circunstancias económicas el retraso causa un grave quebranto a las entidades locales. José Loaiza también reprochó la actitud de Izquierda Unida a tenor de las protestas de las empleadas adscritas a la Ley de la Dependencia, alentadas por dicha formación política. “Desde Diputación adelantamos con fondos propios la financiación de los servicios vinculados a esta ley; los Ayuntamientos (de IU) no pagan a los trabajadores y encima nos lo ponen en las puertas de Diputación”. Loaiza definió esta actitud como “una desvergüenza”.
Situación del edificio Valcárcel, 10 años después de la compraventa.-
Diputación, en el Pleno de junio, someterá a los grupos una propuesta de acuerdo sobre la personación de letrados en el procedimiento 141/2013 instado por la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SA (Zaragoza Urbana) ante el juzgado contencioso-administrativo número 3 de Cádiz. La citada sociedad ha sustanciado una demanda al negarse a abonar el segundo pago de la compraventa del edificio Valcárcel, pactado en el contrato administrativo especial suscrito con Diputación el 25 de junio de 2003. El importe de dicho plazo, sumado a los intereses de demora, se cifra en 2´8 millones de euros según se concreta en el acuerdo unánime del Pleno de Diputación celebrado el 20 de febrero de 2013.
José Loaiza ha aclarado que “hemos intentado, con el apoyo del Ayuntamiento, resolver el contrato con la empresa”. Pero ante esa pretensión Zaragoza Urbana ha respondido con una demanda y la reclamación de los pagos efectuados. Loaiza lamenta la situación en la que se encuentra el inmueble y muestra la disposición “a sentarnos con el Ayuntamiento y con Zaragoza Urbana para alcanzar una solución amistosa”; una solución en la que no se admitirán perjuicios para los intereses públicos.
