“En el Plan Bahía Competitiva ha existido
una clara voluntad de ayudar a determinadas empresas en perjuicio de otras.
Pediremos al Congreso de los Diputados que se fiscalicen las ayudas y el
documento en el que se trata de modificar la baremación, y la documentación se
enviará a la fiscalía la semana próxima”, ha anunciado el Presidente de
Diputación, José Loaiza que ha comparecido hoy sábado junto al diputado delegado
de Empleo, Ignacio Romaní, para informar sobre la gestión realizada por el IEDT
(Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico) de Diputación en
la tramitación de los expedientes de ayudas del Ministerio de Industria dentro
del Plan de Reindustrialización en la Bahía de Cádiz de 2011.
En una conferencia de prensa, el diputado de
Empleo, Ignacio Romaní, informó detalladamente del procedimiento y las
actuaciones llevadas a cabo por el IEDT de la Diputación. Esta comparecencia
informativa se produce tras conocerse el anuncio de la Subdirección General de
Programas Estratégicos del Ministerio de Industria, publicado en el Boletín
Oficial del Estado el pasado 18 de julio, en el que se informaba del inicio de
un procedimiento para el reintegro de más de 14,5 millones de euros en ayudas
concedidas a las empresas Cádiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas
Ambientales y Aquandalucia, en las convocatorias de 2009 y 2010 del Programa de
Ayudas para la Reindustrialización en la Bahía de Cádiz.
Ignacio Romaní informó de que el IEDT forma parte
de la comisión integrada por la Agencia IDEA y el Plan Bahía Competitiva;
comisión que evalúa la concesión de las ayudas de acuerdo a las bases
reguladoras establecidas por la Dirección General de Industria, públicas y
perfectamente estipuladas. Romaní indicó que la evaluación se hace de acuerdo
con ocho criterios objetivos.
El diputado de Empleo informó de que el pasado 15
de febrero la comisión de gestión y coordinación se reunió para calificar las
puntuaciones y remitirlas a la Dirección General de Industria. El 17 de febrero
la Agencia IDEA cursa un correo al IEDT por el que se indica que el IEDT de la
Diputación tiene que cambiar las puntuaciones establecidas. Concretamente se
trata de beneficiar algunos proyectos en la localidad de Alcalá de los Gazules.
También se expresa la orden de mantener el proyecto de Zahav, aunque “nos
podemos quedar con 3,5 millones de euros colgados”. Asimismo, se ordena bajar la
puntuación de Electrotes, Sal de Sanlúcar y de la Planta de Energía Solar
Olivares, entre otras empresas.
En este mismo correo se advierte de los proyectos
que deben quedar entre los primeros lugares y también se advierte de que “faltan
500 mil euros para cuadrarlo”, aunque se señala que habrá que consultar antes.
Tras recibir este documento, el 23 de febrero, el director gerente del Plan
Bahía Competitiva, Antonio Perales Pizarro mantuvouna reunión técnica en la sede
del IEDT. En esta reunión Antonio Perales expresó a los técnicos su
consideración de que algunos de los proyectos presentados deben recibir un mayor
porcentaje de crédito en la valoración realizada por la comisión de evolución
referida.
También trató de aportar nueva documentación para
que se incluya en la valoración de algunas empresas, todas ellas vinculadas al
empresario Alejandro Dávila Ouviña.
El diputado de Empleo ha informado de que los
técnicos del IEDT se negaron a los requerimientos del director gerente de Bahía
Competitiva, e informaron a la diputada María José Valencia, quien apoyó a los
técnicos del IEDT.
El informe final se comunica telemáticamente a la
Dirección General de Industria el 24 de febrero con las valoraciones fijadas en
la reunión de la comisión mixta del 15 de febrero. No obstante, en él se
advierte que las empresas vinculadas a Alejandro Dávila Ouviña concentran el 32
por ciento de toda la inversión, pese a que hay dudas sobre la capacidad
financiera de las mismas. Por otra parte, una vez publicadas las puntuaciones
finales, las referidas empresas ocupan los primeros puestos en la concesión de
ayudas, indicó Romaní.
Ante estos hechos, el presidente de la Diputación
de Cádiz, José Loaiza, ha manifestado que “la Agencia IDEA y el Plan Bahía
Competitiva han tenido la intención de beneficiar a unas empresas sobre otras
que concurrían a las mismas convocatoria”, según la información recabada.
Asimismo ha destacado que los técnicos del IEDT se opusieron a esta
arbitrariedad.
